29-8-2021 CAZA DE BRUJAS

Leo que un banco nacional ha cerrado las cuentas de cientos de clientes chinos. No les ha dado razón alguna de la decisión. Han recibido una noticia corta, escueta, en la que les comunican que ya no podrán seguir operando con el banco.

 

Como que nos hemos quedado en España con pocos bancos y hoy en día todo o casi todo funciona con tarjeta, la cancelación de las cuentas bancarias ha condenado a estos ciudadanos a la inanición más absoluta. Tampoco les ha sido posible abrir cuenta en otros bancos o disponer de efectivo, que por otra parte constituye un bien escaso. Parece que una asociación que agrupa a estos desamparados ya ha clamado públicamente ante tanta arbitrariedad. No sé si les van a hacer caso.

 

El culpable de todo este desaguisado no es la banca. Es la ley de prevención del lavado o blanqueo de capitales, que convierte en sospechoso a cualquier ciudadano. Una ley anticonstitucional, absoluta y totalmente. Y me sorprende que hasta ahora nadie, ninguna institución se haya decidido a emprender alguna medida para poner algún remedio a esta situación. Se hace responsable a la Banca de los posibles fraudes que se puedan producir y la Banca ha pergeñado una serie de protocolos de aviso ante posibles casos. Y así con una simple advertencia del programa, se establece una presunción de blanqueo a partir de la cual el Banco le dice al cliente que se despida, que cierra sus relaciones mantenidas con la entidad.

 

Claro que se podrá aducir, que cómo el banco va a poder resolver un contrato, que tiene un carácter bilateral, con derechos y obligaciones por ambas partes, a partir de meras presunciones. Una relación de derecho privado, con una circunstancia además que incide de modo muy especial en el carácter de confidencialidad, de secreto de las relaciones entre ambas partes.

 

Ciertamente el ámbito es el del derecho privado. Pero también que esta legislación está imponiendo a la banca una función que tendría que ser absolutamente ajena a ella. La Banca se constituye en agente de la Administración, en controlador y espía del cliente, en censor de sus operaciones. Y si no lo hace, la misma Administración la puede sancionar. ¿Esto es así?. Sí, sin duda. Peligroso.

 

En el mundo que vivimos, de las redes sociales, donde todo es absolutamente visible, transparente, esta legislación contribuye aún más a cercenar los derechos básicos del ciudadano.

 

¿El mundo feliz de Aldous Huxley? ¿O el de George Orwell?

 

No, no los quiero.

 

29 de agosto de 2021